¿Cómo está la reducción de jornada laboral en España en 2026?

El marco normativo de las horas de trabajo ha tomado caminos divergentes para la función pública y la empresa privada. Explicamos detalladamente la legislación vigente y las reformas planteadas.

Análisis detallado de la reforma del sector público (Jornada de 35 horas)

La implantación de la **jornada ordinaria de 35 horas semanales** en el sector público marca un hito en la administración española. Esta medida fue aprobada tras un prolongado proceso de negociación en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado (AGE), culminando con la resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública que entró en vigor el **16 de abril de 2026**.

Esta reducción a 35 horas semanales implica una equivalencia de **1.533 horas anuales de trabajo efectivo** para el personal funcionario y laboral. En términos organizativos, supone una de las siguientes dos opciones que aplican los distintos Ministerios y organismos públicos:

• Distribución ordinaria diaria: Realización de 7 horas diarias de trabajo de lunes a viernes, eliminando los 30 minutos diarios de dedicación ordinaria que completaban las 37,5h previas.
• Sistemas de jornada acumulada: Posibilidad de realizar jornadas de 7,5 horas ordinarias compensando las horas sobrantes mediante días adicionales de libranza por asuntos propios o jornadas intensivas de verano.

Asimismo, los empleados en puestos de especial responsabilidad o con dedicación exclusiva (jornadas de 40 horas semanales) ven reducida su dedicación obligatoria a **37,5 horas semanales**, adaptando proporcionalmente sus complementos específicos.

¿Por qué se rechazó la ley de 37,5 horas para el sector privado?

El intento del Ministerio de Trabajo y Economía Social de equiparar al sector privado con los límites recomendados a nivel europeo chocó con una fuerte resistencia parlamentaria y empresarial. La propuesta, que pretendía modificar el artículo 34.1 del Estatuto de los Trabajadores para fijar la **jornada máxima ordinaria en 37,5 horas semanales de promedio anual**, fue devuelta al Ejecutivo el **10 de septiembre de 2025**.

Los principales argumentos expuestos en el Congreso de los Diputados por el bloque de oposición (PP, Vox y Junts per Catalunya) y por las asociaciones patronales (CEOE-CEPYME) giraron en torno a:

• Falta de flexibilidad sectorial: Se argumentó que una reducción obligatoria por ley perjudica gravemente a sectores que dependen intensivamente de la presencia física (Hostelería, Comercio, Agroalimentario), los cuales no pueden automatizar turnos de la misma manera que las empresas tecnológicas.
• Pérdida de competitividad y costes: CEPYME estimó que la reducción a 37,5 horas sin rebaja salarial incrementaría de media un 6% los costes laborales para las pequeñas y medianas empresas españolas, abocando a la contratación extra de personal o al pago de horas extraordinarias.
• Invasión de la autonomía colectiva: Los partidos opositores señalaron que la reducción horaria debe ser fruto del diálogo social y la negociación de los convenios sectoriales, y no imponerse por vía legislativa generalizada.